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Por fin lo que era un secreto a voces, los pagos en dinero “negro” por la compra de viviendas de protección oficial, encuentra su eco en las instituciones. Las denuncias que investiga la Unidad de Inspección de la Vivienda del Gobierno de Aragon están ya la en la Fiscalía, y seguramente llegarán más.

Pocos inocentes hay en esta práctica, tan antigua y tan injusta, se mire como se mire. Quien pide un sobrecoste al que no tiene derecho, quien lo paga y quien quiere vender a otro ciudadano su vivienda protegida con una plusvalía que no le corresponde.

Solamente quien denunció demuestra tener voluntad de acabar con esta costumbre. La Ley de Garantías de la Vivienda Protegida, actualmente en fase de redacción será un buen instrumento para terminar con unos hechos que desvirtúan los fines de la promoción pública de vivienda

También las declaraciones del nuevo equipo de gobierno municipal dan motivos para la esperanza: todos los suelos públicos que se destinen a la construcción de vivienda protegida se adjudicarán por concurso, y la adjudicación de viviendas se realizará por el método de sorteo ante notario entre solicitantes con condiciones similares.

Otra medida a proponer: los promotores que exigían importes en “negro” no deberían volver a obtener licencia de edificación de vivienda protegida. Y aquí no sirve alegar que el precio del módulo está bajo. Cuando se aceptan unas condiciones, se aceptan con todas las consecuencias. No vale decir que no salen las cuentas.