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No hay partido que no incluya en su programa electoral una valoración del comercio tradicional y de su permanencia en las calles de nuestros barrios. De su importancia para la economía, la sostenibilidad de las ciudades, todos se alzan en defensores.

Sin embargo, poco ha tardado el equipo PSOE-PAR del Gobierno de Aragón en encargar un estudio, para impulsar un nuevo “Plan de Equipamientos Comerciales”. Y claro, esta revisión del actual Plan, podría suprimir la moratoria de concesión de nuevas licencias para comercios tipo “grandes superficies”. Esta moratoria tiene carácter indefinido, aunque el Plan que la regula debe revisarse cada cuatro años. En el 2005 es cuando debe decidirse su continuidad.

EL proyecto Puerto Venecia incluye la instalación de la empresa Ikea, con unas dimensiones de uso comercial que con la moratoria actual en vigor no obtendría licencia de actividad. Pero Ikea es uno de los platos fuertes de Puerto Venecia. Sin duda las presiones de esta y otras empresas son fuertes, pero la continuidad y el futuro del pequeño comercio en las calles del casco urbano no con compatibles con la implantación de nuevas grandes superficies.

Tampoco los comerciantes pueden esperar que las instituciones resuelvan sus problemas. La organización por sectores físicos o de actividad es necesaria para contar con unos interlocutores representativos. Y su preocupación, y las propuestas de actuación deben ser más amplias que su propio local.

Pero lo que sí pueden hacer las instituciones es no crear más problemas. El proceso del hipermercado Alcampo de la Plaza Utrillas es un ejemplo de nefasta gestión política. De nada sirvió decir por todos los medios posibles que su proyecto iba en contra del planeamiento, además de toda lógica urbanística y de ordenación del espacio. Fueron más fuertes los intereses de sus promotores. Y ahí está el resultado, y los efectos para el comercio del sector, y para la vida de los vecinos del entorno.

La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa venderá en las próximas semanas las diez parcelas de terreno que todavía posee en Valdespartera. La puja afectará a una superficie total de 44.850 ms2 y tendrá un precio de salida global de 22,4 millones de euros.

En los suelos que se van a subastar, ubicados en la zona más próxima a la urbanización de Montecanal, se podrán construir 230 unifamiliares a precio de mercado. Se puede prever, con fundamento, que el precio final de venta superará ampliamente al de salida.

Resulta una tomadura de pelo que, cuando prácticamente cada día conocemos una nueva propuesta de actuación para controlar el incremento del precio de la vivienda, el Estado subaste sus suelos, los de todos, para recaudar dinero, cuanto más mejor.

Así, los futuros compradores pagan los “agujeros” en este caso del Ministerio de Defensa y colaboran en solucionar las consecuencias de una mala gestión económica. No solamente los compradores directos, porque estas actuaciones tienen una repercusión inmediata en la valoración de los suelos del entorno, y así va afectando a toda la ciudad.

Peor todavía. Resulta que el Gobierno prevé nuevas compras de material bélico, para lo que necesita millones de euros, y como fuente de financiación cuenta con vender suelos adscritos al Ministerio de Defensa. Es decir, venden el patrimonio público, el de todos, para comprar material de guerra. Y las personas que compren en su día una vivienda construida en terrenos antes militares, contribuirán con sus ahorros, y su esfuerzo de años a pagar aviones de combate, por ejemplo.